El proyecto de ley presentado por el diputado Marcelo Caponio, que contaba con el previo aval de 29 legisladores e intentaba prohibir el acceso a la ejecución de una interrupción voluntaria del embarazo en hospitales de Tucumán, fue rechazado por la mayoría de los legisladores. El texto que se analizó en consonancia junto a las comisiones de Protección de Derechos de la Mujer y la de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, contaba con intenciones explícitas de contraposicionarse a lo declarado en el Código Penal Argentino que establece

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible cuando:

1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2º. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

La iniciativa que había sido ampliamente aceptada en la Legislación provincial, poseía entre sus declaraciones que velaría por “la protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, aún cuando la persona gestante haya sido víctima de un abuso sexual“. Algunos medios aseguran que el rechazo al proyecto se genera en pos de evitar seguir sumando problemáticas al ya presente clima de tensiones que se vive entre el gobernador Juan Manzur y el ex mandatorio José Alperovich. Tucumán se auto declaró provincia “pro vida” el pasado 2 de agosto mediante la presentación de una resolución que establece “como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno y hasta su muerte“.