En tiempo récord el Congreso sancionó una norma para excluir del beneficio del 2×1 a condenados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad, la cual fue promulgado por el Gobierno en la mañana de ayer. Mediante el decreto 329/2017 oficializó la ley 27.362 que aclara que la ya derogada norma del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.
La ley fue sancionada en 1994 y derogada en 2001, por lo cual no estaba vigente durante la última dictadura militar, ni tampoco durante el juzgamiento de quienes llevaron adelante los delitos cometidos en ese período. La misma dice que para cualquier preso con más de dos años sin condena firme, cada día detenido debía computarse doble. Esta ley era aplicable a quienes hayan sido juzgados durante la vigencia de la misma 1994-2001.
Sin embargo, el pasado 3 de mayo la Corte Suprema declaró que el beneficio del 2×1 regía para el represor Luis Muiña. Este fallo generó el pedido de muchos otros genocidas para correr con la misma suerte. Lo cual podría haber dejado a más de trescientos represores en la calle, según datos de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad.
El rechazo fue generalizado. Un sector de la sociedad tomó este fallo como un indulto encubierto. Diferentes organismos de DD.HH. convocaron a una movilización de repudio que terminó siendo la masiva marcha del miercoles 10 de mayo. La reacción de quienes estuvieron ahí presentes se convirtió en un hecho histórico por varios motivos, dos bien marcados. El primero es la necesidad de seguir de cerca aún en democracia el accionar de la Justicia. En segundo lugar, la fantástica sensación de ver la plaza copada por más de quinientas mil personas que, independientemente de las organismos convocantes, sintieron la enorme necesidad de defender la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Con la colaboración de Juan Bevacqua