El Gobierno presentó hoy un recurso de amparo   ante la Corte  Suprema de Justicia  por el fallo de Cámara  de la Sala V  que cuestionaba el decreto 70/2017 que permite expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que cometieron algún delito o tienen causas penales.El decreto fue impulsado por el Poder Ejecutivo y generó disputas en enero de este año ya que no es algo jurídicamente fácil en casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad.

El decreto de necesidad y urgencia fue firmado por el presidente de la Nación Mauricio Macri y avalado por su gabinete de ministros. El DNU prevé deportaciones de inmigrantes con pedido de captura y acusados de delitos graves como narcotraficantes  o trata de personas. Se busca apuntar a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las justicias provinciales. Cualquier juez o fiscal debe notificar el delito en un lapso de cinco días a la Dirección Nacional de Migraciones actualmente a cargo de Horacio García.  El acusado  cuenta con tres días para presentar pruebas en  su defensa.

Cambiemos declaró en sus fundamentos, que la intervención de la Justicia en la política migratoria del Poder Ejecutivo es, además de inoportuna, ilegítima y contraria al principio de división de poderes. El ministro del Interior Rogelio Frigerio, el Director de Migraciones Horació García y el ministro de Justicia Germán Garavano aclararon que el decreto se dictó para garantizar la seguridad nacional y de la población.

Desde la Casa Rosada se señaló que en la práctica hay mas casos relacionados con la radicación de extranjeros en la Argentina que de expulsiones vigentes.